Indagarán a una escribana y a un abogado por estafa procesal, falsificación de documento privado, falsedad ideológica y tráfico de influencias

El fiscal Federico Baquioni Zingaretti, a cargo de la Fiscalía Federal de Villa Mercedes, le solicitó al juez federal de esa jurisdicción, Juan Carlos Nacul que cite a prestar declaración indagatoria a una escribana y a su marido, un abogado, por los delitos de "estafa procesal en grado de tentativa, falsificación de documento privado, falsedad ideológica y tráfico de influencias agravado (en el caso del letrado)".

Tras la presentación, el magistrado hizo lugar a lo solicitado por la fiscalía, según se informó en el sitio web Fiscales.gob.ar.

Los hechos

La investigación se inició el 8 de julio de 2020, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria (ASPO) que regía por la pandemia de Covid-19. En dicha ocasión, el jefe de la Unidad Regional 4 de la Comisaría N°19 de Buena Esperanza, cuando circulaba por la Autopista 55 advirtió tres camionetas en las que viajaban distintos integrantes de una familia.

Al ser consultados, las personas indicaron que venían del límite con la provincia de Córdoba, donde habían concurrido a comprar un campo, pero como no pudieron, regresaban con el dinero. Así, cuando se revisaron los vehículos, se incautaron $18.670.000, armas de fuego y municiones.

La familia fue trasladada a la comisaría donde, alrededor de las 22, apareció el abogado (ahora imputado), quien intercedió para la liberación de las personas.

En ese contexto, se inició una causa penal ante la Justicia local, que luego declinó su competencia en la Justicia Federal, por considerar que la familia había incurrido en el delito de lavado de activos.

Oportunamente, el Juzgado Federal de Villa María tomó conocimiento de que el abogado le habría solicitado dinero a los involucrados a fin de obtener la restitución de la suma incautada en el procedimiento. Pero el 4 de noviembre de 2020, tres de los integrantes de esa familia denunciaron al letrado por tráfico de influencias.

La investigación desarrollada por la Fiscalía Federal de Villa Mercedes determinó que la escribana insertó una declaración falsa en la escritura de la venta del campo ubicado en La Candelaria, provincia de San Luis. La mujer habría consignado que la operación se hizo por 4 millones de pesos cuando, en realidad, fue por un monto cercano a los 20 millones. También la escribana indicó que la parte vendedora recibió el dinero antes del acto notarial cuando la cancelación de la compraventa se concretó con dinero en efectivo y en presencia de la acusada.

Por su parte, se le imputó al abogado el haberles solicitado dinero a las personas investigadas “con el objeto de hacer valer indebidamente influencia” ante el juez que intervenía en la investigación por posible lavado de activos y evasión tributaria.

De hecho el abogado se presentó en la comisaría porque era esposo de la escribana que intervino en la operación de compraventa del campo y se ofreció a asesorarlos “para evitar que su esposa tuviera inconvenientes por su participación como escribana”.

A poco tiempo de la detención, el abogado se reunió con algunos integrantes de la familia y les solicitó una suma de dinero “a fin de abonar la intervención de dos personas (presuntamente oriundas de la ciudad de San Luis) para ejercer indebidamente influencia sobre el juez a cargo de la causa y obtener la devolución del dinero incautado”.

El fiscal también le imputó el haber orquestado la confección de un escrito judicial para obtener la restitución del dinero incautado, el cual estaba fundado en premisas falsas y avalado por prueba espurias, tales como el contrato de compraventa de un equipo de riego falso (por inexistencia de la operación) con su correspondiente constancia de recibo de dinero en actuación notarial, también falsa. Acompañó además contratos privados provenientes de la venta de otros lotes de la familia investigada.